BOLETÍN INFORMATIVO 1705

CONTABLE – FISCAL:

Orden de 23 de mayo de 2017, por la que se regula el reconocimiento de la aplicación del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario a las entregas e importaciones de bienes y prestaciones de servicios, con destino a la ejecución de una producción de largometraje cinematográfico o de otras obras audiovisuales (BOC nº 101 del viernes 26 de mayo de 2017).

Aplicación del tipo cero del IGIC a las entregas e importaciones de bienes y prestaciones para la producción de largometrajes cinematográficos y otras obras audiovisuales

Orden de 28 de abril de 2017 -de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias- por la que se modifican diversas Órdenes con el objeto de establecer la presentación telemática obligatoria de modelos de autoliquidación, y de autorización a la persona titular de la Dirección de la Agencia Tributaria Canaria para establecer la obligación de presentar telemáticamente determinadas declaraciones tributarias (BOC nº 88 del martes 9 de mayo de 2017).

A partir del 1 de julio de 2017 se establece la presentación telemática obligatoria de los modelos 411 y 620.

– Modelo 411 (Régimen general de devolución mensual del Impuesto General Indirecto Canario) para todos los sujetos pasivos.

– Modelo 620 (Autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de compraventa de determinados medios de transporte usados) para los colaboradores sociales (gestores en representación de terceras personas) y exclusivamente referido a los tipos de vehículos incluidos en el anexo de la Orden de 26 de julio de 2012. Para aquellos tipos de vehículos que no están incluidos en dicho anexo, el modelo 620 deberá presentarse en papel cualquiera que sea la condición del presentador.

LABORAL:

SENTENCIA NÚM. 286/2017 DE 4/04/2017 DEL TRIBUNAL SUPREMO SALA DE LO SOCIAL / MATERIA: NULIDAD DE DESPIDO RECONOCIDO INICIALMENTE COMO IMPROCEDENTE POR VULNERACIÓN DEL DCHO. FUNDAMENTAL A LA NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO.

Despido de trabajadora sometida a tratamiento de fecundación in vitro. Óvulos ya fecundados pero pendientes de implantación en el útero de la mujer prevista para los días siguientes. Se alega de contraste Sentencia del TJUE de 26 de febrero de 2008 (Rec. C-506/06 , asunto Sabine Mayr). Indicios de vulneración del derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo. El reconocimiento de la improcedencia por parte de la empresa impide la constatación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de la medida extintiva adoptada por la empresa y de su proporcionalidad. Nulidad del despido.

En este caso, la profesora despedida de un colegio religioso alegaba que su despido se debía a que se estaba sometiendo a una fecundación in vitro. La carta de despido no se refiere expresamente a que existan causas económicas que motiven el despido, ni da cantidad alguna, aunque mencione la necesidad de reducir el déficit en las aulas de niños de menos de dos años. Señala que el déficit de la sección infantil -aún importante- hay que ponerlo en conexión con la existencia de resultados positivos en la explotación global del colegio.

El reconocimiento expreso de la improcedencia de un despido sin intentar justificar su procedencia no sirve para acreditar que las causas del cese de la trabajadora fueron extrañas a la discriminación alegada por ella.

Dice el magistrado que mal puede sostenerse que una actuación “no ajustada a derecho constituya una justificación razonable y objetiva de la cuestionada decisión extintiva que, además, resulte proporcionada en función de las circunstancias concurrentes”. Antes bien, el despido producido, precisamente por su carácter ilícito, no cumple con la exigencia legal que excluya el móvil discriminatorio ante un claro panorama indiciario de vulneración del principio de igualdad denunciado por la trabajadora”.

En la sentencia se añade que este reconocimiento, cuyos efectos procesales en un despido ordinario podrían ser perfectamente entendibles, no lo son cuando de lo que se trata es de dejar patente que en la actuación empresarial existía una “justificación objetiva y razonable” de la decisión extintiva adoptada; justificación que tenía que estar “suficientemente probada” por mandato de la propia ley. Así, afirma que esto es objetivamente imposible en este caso en el que se reconoce que el despido es improcedente.

Sentencia del Triunal Supremo VS Registro horario de trabajadores contratados a jornada completa.

El Tribunal Supremo (TS) ha dictado la segunda sentencia que anula la condena impuesta a una empresa de establecer un sistema de registro de la jornada de la plantilla, con lo que sienta jurisprudencia en este sentido. Una resolución que está fechada el 20 de abril de 2017.

La sentencia, que resuelve una demanda de los sindicatos contra Abanca, supone un varapalo a la Inspección de Trabajo, que seguía exigiéndolo a las empresas a pesar de la primera resolución del TS sobre la materia.

En el texto, del que ha sido ponente la magistrada Segoviano Astaburuaga, se reproducen los argumentos del primer fallo, dictado el 23 de marzo. Esto es, el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores (ET) “no exige la llevanza de un registro de la jornada diaria efectiva de toda la plantilla”, sino que “su finalidad es el control de la realización de horas extraordinarias”.

La primera sentencia, del Pleno de la Sala de lo Social, advertía de la conveniencia de una reforma legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro horario y facilitara al trabajador la prueba de la realización de horas extras. Pero “esa obligación no existe por ahora y los tribunales no pueden suplir al legislador imponiendo a la empresa el establecimiento de un complicado sistema de control horario”, aseveraba, reprochándole a la Audiencia Nacional que lo estableciera en la sentencia recurrida.

Tras la resolución de los litigios que afectaban a Bankia -la primera sentencia- y a Abanca -la segunda-, queda pendiente un tercer asunto relativo al registro horario, el del Banco Sabadell, que todo indica que correrá la misma suerte.

Aclaración por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social -a través de Instrucción- por la que cambian el criterio en su actuación en materia de control de tiempo de trabajo, a raíz de las dos recientes sentencias del Tribunal Supremo citadas en el punto anterior.

A través de la Instrucción 1/2017 de la ITSS, complementaria a la Instrucción 3/2016 de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), sobre el control en materia de tiempo de trabajo con el objeto de adecuar su actuación a las recientes sentencias sobre esta materia dictadas por el Tribunal Supremo, la primera fue la de fecha 23 de marzo (recurso 81/2016 ) y la segunda de fecha 20 de abril de 2017 (recurso 116/2016)

Según indica la Sala, en sentencia del 23 de marzo, en su Fundamento de Derecho Quinto “el artículo 35.5 del ET no exige la llevanza de un registro de la jornada diaria efectiva de toda la plantilla para poder comprobar el cumplimiento de los horarios pactado”. “Dado el contexto en el que se ubica la norma debe entenderse que su finalidad es el control de la realización de horas extraordinarias, para evitar excesos con los que se sobrepasen los límites que establece, pero no implantar un control de la jornada ordinaria, registro al que no obliga en el art. 34 del ET y sí impone en los supuestos especiales que antes se citaron (trabajadores con contrato parcial, móviles, de la marina mercante y ferroviarios), lo que evidencia el espíritu de la norma que solo establece esa obligación en casos concretos” ( Fundamento de Derecho Segundo).

A tenor de esto, como indicamos, la Dirección General de la ITSS ha redactado una Instrucción -complementaria a la de 2016 citada anteriormente y que sigue plenamente vigente – que aclara algunos puntos:

  • Ahora no es exigible, con carácter general, la llevanza del registro de jornada. Por ello, no es constitutiva, en cuanto a tal, de una infracción en el orden social.
  • El registro de jornada seguirá siendo un posible medio de prueba, allí donde esté implantado.
  • La ausencia de control no impide a la ITSS desplegar sus actuaciones de comprobación mediante las facultades de que dispone por ello “el control del tiempo de trabajo -la jornada- siempre ha sido y sigue siendo posible”.
  • “La no obligatoriedad del registro de la jornada diaria de trabajo no exime a las empresas de respetar los límites legales y convencionales en materia de tiempo de trabajo y horas extraordinarias”, centrándose la cuestión, entonces, en los medios de comprobación.

Por último, se recuerda que aunque las instrucciones no aborden la obligación de registro en los contratos a tiempo parcial, trabajadores móviles en transporte de carretera, marina mercante y ferroviarios, esta cuestión tampoco es tratada por la citadas sentencias, ya que existen normas específicas para estos colectivos.